viernes, 24 de abril de 2009

Llaman a Gobierno de México a comparecer ante Corte Interamericana de Derechos Humanos

* Del 27 al 30 de abril en Santiago, Chile

Sandra Torres Pastrana (CIMAC)
México DF, 23 abril 09

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano se presente ante el Pleno de ese organismo por el caso de persecución, acoso y falta de protección que ha tenido contra las y los defensores de derechos humanos de La Montaña del estado de Guerrero.
Deberá hacerlo ante su Tribunal en el XXXIX Período Extraordinario de Sesiones a celebrarse del 27 al 30 de abril de 2009, en la ciudad de Santiago, República de Chile. Así lo da a conocer la resolución que emitió el 9 de abril la presidenta de la CoIDH, Cecilia Medina Quiroga, quien además resolvió la ampliación a medidas provisionales, ante la solicitud realizada en marzo de 2009 por parte del Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), para Obtilia Eugenio Manuel, su esposo Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez, y su familia, incluida su hermana Andrea Eugenio Manuel.
Asimismo, para la indígena Me´phaa violada en marzo de 2002 por militares, Inés, su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, sus hijas e hijos, 41 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, 29 miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y los familiares de Raúl Lucas Castro y Manuel Ponce Rosas, miembros Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes fueron asesinados en febrero pasado.
A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había otorgado medidas cautelares a favor de Obtilia y su familia, emitidas el 14 de enero de 2005, las y los indígenas de la Montaña han recibido múltiples amenazas, vigilancia y hostigamiento a raíz de su labor de defensa de los derechos indígenas en el estado de Guerrero, y además el 4 de septiembre de 2007 esta misma instancia también se las otorgó a Inés Fernández y su familia.
Asimismo, el 27 de junio de 2008 la Comisión amplió las medidas cautelares a favor de 41 miembros de la OPIM luego de la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega como consecuencia de su activismo y participación en dicha organización y por ser hermano de Inés.
OPIM, PERSEGUIDOS POR PRESUNTOS MILITARES
La Comisión solicitó al Estado mexicano la adopción de las medidas cautelares necesarias para proteger la vida e integridad de los beneficiarios e informar sobre las acciones adoptadas con el fin de investigar los hechos que originaron la adopción y ampliación de las medidas cautelares.
Durante el período de vigencia de dichas medidas y a pesar de ellas, los beneficiarios siguen recibiendo amenazas contra su vida e integridad personal, además de actos de hostigamiento, los cuales se han agravado en los últimos dos meses.
En el caso de la presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, la Comisión conoce que particularmente entre el 19 de enero y 20 de marzo de este año se han intensificado las amenazas de muerte a través de mensajes y llamadas telefónicas, además de ser perseguidos por diversos vehículos manejados por personal de apariencia militar y haber recibido advertencias por parte de funcionarios estatales en cuanto a su seguridad y a su labor como defensora de derechos humanos.
Por todo lo anterior, Obtilia se ha visto obligada a salir de Ayutla de los Libres y a restringir su trabajo como defensora del pueblo indígena tlapaneco. Por otro lado, en el caso de Inés y su familia, se ha mantenido el acoso de personal militar en su comunidad, sobre todo tomando en consideración que su caso ante la Comisión, donde se alega que miembros del Ejército la violaron sexualmente, se encuentra en una etapa procesal muy avanzada.
La Comisión, en su argumentación para pedir a la CoIDH medidas provisionales, indica que el 3 de febrero de 2009, Fortunato Prisciliano Sierra, esposo de Inés, vio a 50 militares con armas largas, buscando algo en una parcela de su propiedad.
EJÉRCITO DESTRUYE E INTIMIDA
Esta permanente situación de hostigamiento obligó a la familia de Inés a encerrarse en su casa, ante el temor de que alguno de ellos fuera detenido e interrogado por los militares, al día siguiente, Fortunato constató que los militares habían causado diversos daños y le habían robado parte de su cosecha.
Ante esto, la Comisión señala ante la Corte que, de acuerdo con los representantes, la presencia de los militares en esa zona representa un acto de intimidación contra Inés Fernández Ortega y su esposo, así como a otros miembros y dirigentes de organizaciones indígenas. El otro caso es el de los dos líderes indígenas mixtecos de la OFPM del estado de Guerrero, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, que el pasado febrero de 2009 fueron detenidos en un acto público a plena luz del día por individuos que se identificaron como policías; una semana después, sus cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura.
Desde entonces sus familiares han recibido graves amenazas personales y telefónicas por parte de agentes estatales y de desconocidos, para que desistan de su búsqueda de justicia. Ante esto la Comisión considera imprescindible destacar que el Congreso Nacional de México ha considerado que el Gobierno estatal no ha llevado a cabo una investigación seria, independiente y efectiva de los hechos.
Entre los argumentos de la Comisión para fundamentar la solicitud de medidas provisionales, está que hasta la fecha el Estado mexicano no ha puesto en marcha de forma efectiva las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los beneficiarios de las medidas cautelares y no ha sido completamente diligente respecto del deber de investigar los hechos que las motivaron.
Además de las amenazas de muerte y las persecuciones de las y los defensores de derechos humanos y sus familiares, existen declaraciones tanto de funcionarios estatales civiles y castrenses, así como de otras personas cercanas al gobierno que, siguiendo un patrón de hostigamiento en contra de dichos defensores, desacreditan su labor al llamarlos mentirosos o al hacer alusiones a presuntos vínculos con el narcotráfico.
Por lo tanto, la Corte Interamericana, además de la ampliación a medidas provisionales, requiere que el Estado mexicano realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección ordenadas en la presente resolución se planifiquen e implementen con la participación de los beneficiarios de las mismas o sus representantes, de manera tal que las referidas medidas se brinden de forma diligente y efectiva y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de su ejecución.
Además, indica que el Estado debió informar, a más tardar el 17 de abril de 2009, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas que ha adoptado en cumplimiento de la presente Resolución. Asimismo, destaca se debe solicitar a los beneficiarios de estas medidas o sus representantes que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de cinco días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estimen pertinentes.
Y por último, pide que la CIDH presente a la Corte Interamericana, en el plazo de siete días, contado a partir de la notificación del informe del Estado, las observaciones que estime pertinentes.

Michoacán, dentro de la campaña de la ultraderecha contra ILE

* Ocupa el tercer lugar nacional en aborto clandestino

Gladis Torres Ruiz (CIMAC)
México DF, 23 abril 09

A pesar de que Michoacán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la práctica de abortos clandestinos, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó hoy ante el Pleno del Congreso una iniciativa para dar rango Constitucional a la protección a la vida desde la concepción bajo el argumento de que la existencia de los derechos humanos necesita tener antes un beneficiario.
La iniciativa turnada a Comisiones, de ser aprobada, criminalizará la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), lo cual ocurriría en un congreso donde la mayoría de las y los legisladores, 14, son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), seguido de Acción Nacional con 12, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 10 y finalmente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Convergencia y Nueva Alianza con 1 legislador cada uno.
Fue el panista Francisco Javier Morelos Borja quien dio lectura a su iniciativa contra la ILE. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en Michoacán se realizan cada año alrededor de 3 mil abortos, de los cuales aproximadamente 700 culminan con la muerte de la mujer, lo que a decir del INEGI representa la sexta causa de muertes maternas a nivel nacional.
No obstante, el legislador panista integrante de la Comisión de Salud de Michoacán, señaló durante la presentación de la reforma al Artículo primero de la Constitución estatal que la modificación responde a una "actitud de congruencia que responde al hecho de que la existencia de los derechos humanos necesita primero de un beneficiario, así que necesitamos primero humanos que gocen de esos derechos".
Según medios locales, el diputado priista Martín Cardona Mendoza, presidente de la Comisión de Salud, se mostró extrañado ante la noticia, ya que el legislador panista que presentó la iniciativa "en defensa de la vida", es el mismo que se ha negado a aceptar que se haga obligatoria la Vacuna contra el Papiloma Humano (VPH).
Cabe destacar que esta iniciativa se da luego de que en la entidad la legisladora del PRD, Citlalli Fernández González, presentó el pasado 6 de marzo una iniciativa a favor de la ILE, la cual se encuentra en las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y la de Grupos Vulnerables y Equidad y Género.
No obstante, según información de la oficina de la legisladora Flores María Macarena, integrante de esta última comisión, no se tiene programada su lectura para este año. Cabe señalar que la iniciativa perredista no prevé la despenalización del aborto en su totalidad, sino únicamente en caso de violación, malformaciones congénitas y en casos de que peligre la vida de la mujer.
Pero el rumbo del tema ya estaba delineado para las michoacanas: el 25 de marzo, en una visita al estado de Michoacán, el director de ProVida, Jorge Serrano Limón, y las organizaciones michoacanas Asociación Cívica Femenina y Red Familia, "protectoras de la vida", declararon que harían todo lo posible para evitar la legalización del aborto en la entidad michoacana.
En entrevista con Cimacnoticias, Rubí de María Gómez Campos, académica y ex directora del Instituto Michoacano de la Mujer (IMM), se mostró indignada y aseguró que "es una vergüenza que siendo Michoacán el segundo estado con una Secretaría de las Mujer se permitan estas cosas y no se ocupen de ellas". Gómez Ocampo calificó como vergonzoso el hecho de que la presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género del Congreso de Michoacán permita este retroceso a los derechos de las mujeres.
“Es vergonzoso que las y los legisladores ganan mucho dinero y encima no se pongan a trabajar a nuestro favor”, puntualizó.
Este medio de comunicación buscó a la diputada perredista Gabriela Molina para conocer su postura de la iniciativa panista, sin embargo en su oficina respondieron que la legisladora se encuentra en un diplomado y volverá la siguiente semana.
Por su parte la presidenta de la Secretaría de las Mujer Cristina Portillo declaró que es muy importante que en esta materia se revisen los acuerdos internacionales signados por nuestro país, que reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En esta línea trabaja la Secretaría de la Mujer, afirmó, y por ello pedirán a las y los legisladores que antes de tomar cualquier decisión se consulte a las michoacanas. "Que escuchen a sus representadas, que mueren víctimas de muerte materna en el estado ocupa el lugar número siete en este tema". En Michoacán llevamos varios años con este debate y no se ha llegado ha un punto de encuentro, por lo que me parece poco cauto de parte del PAN colocar el tema a dos meses de las elecciones, por lo que señaló que buscará a la Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Equidad y Género para trabajar en el tema y lanzar un llamado para realizar foros de discusión para que todas las voces sean escuchadas.
Según información del Consejo Estatal de Población (Coespo).Michoacán ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la práctica de abortos clandestinos. La iniciativa del PAN fue turnada a las comisiones de: Grupos Vulnerables, Equidad y Género, a la Comisión de Gobernación presidida por el legislador perredista Leopoldo Enrique Bautista Villegas, y la de Puntos Constitucionales que preside el legislador de panista Samuel Arturo Navarro Sánchez.

martes, 14 de abril de 2009

Inmigrantes con hijas e hijos estadounidenses viven pobreza

* Constituyen 5.4 por ciento de la mano de obra

Leticia Puente Beresford/ corresponsal
Nueva York, EU (CIMAC)

El Pew Hispanic Center (PHC) -cuando el presidente Barack Obama dice que cumplirá con la reforma migratoria que prometió durante su campaña- informa hoy que los y las trabajadoras sin documentos que radican en este país tienden más a la procreación de hijas e hijos, creciendo con esto la tendencia a ser los más pobres habitantes de los Estados Unidos.
El estudio "A Portrait of Unauthorized Immigrants in the United States" de esta organización expone un dilema creciente en el debate sobre la inmigración: hijas e hijos de indocumentadas e indocumentados nacidos en esta nación tienen la ciudadanía estadounidense, pero viven en la pobreza y la incertidumbre con padres que temen la deportación, tienen los trabajos peor pagados y son los primeros despedidos en una economía en crisis, resume la agencia de noticias AP.
Al respecto, Cimacnoticias, dialoga con María, mexicana, con una hija, Celena, que tiene siete años de edad y está en segundo grado de educación primaria. "Cierto, somos muy pobres. Mi hija, cuando regresa de visitar a sus amiguitas, me pregunta: ¿por qué ellas tienen muchos lápices de colores y yo no? Me pone en aprietos. Y le digo 'es que nosotras respetamos a los árboles'. Se voltea a verme, totalmente extrañada. Parece que por el momento entiende. Ya veremos después...".
María limpia casas. Su compañero trabaja en un restaurante italiano. Y, dice María "Todos los días rezamos para no perder el trabajo".
TENDENCIA DEMOGRÁFICA
El análisis de Pew, una organización de investigaciones sin bandera política, difundió su comunicado de prensa en el que encontró que las y los aproximadamente 11.9 millones de indocumentadas e indocumentados en el país constituyen el 5.4 por ciento de la mano de obra, principalmente en los rubros laborales peor pagados de la agricultura, la construcción y la limpieza de edificios y domicilios particulares.
Tres de cada cuatro de sus hijas e hijos dice el reporte, -unos 4 millones- nacieron en Estados Unidos. En 2003, tuvieron 2.7 millones de hijos e hijas en el país. Los hijos e hijas de indocumentadas e indocumentados constituyen uno de cada 15 niñas y niños en la escuela desde el preescolar hasta el último año de secundaria.
Asimismo, ha aumentado la dispersión geográfica del sector, ya que los indocumentados tienden cada vez más a evitar los lugares tradicionales como California y buscan trabajo en las zonas hispanas emergentes del sureste, como Georgia y Carolina del Norte.
En 2008, California tenía 2.7 millones de personas sin documentos migratorios, la cifra más alta del país y el doble que en 1990, seguido por Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey. Sin embargo, en términos proporcionales, California tenía 42 por ciento de las y los indocumentados de todo el país en 1990, comparado con el 22 por ciento en 2008.
Este es el cuadro demográfico en momentos en que el presidente Barack Obama se apresta a iniciar la reforma inmigratoria en los próximos meses, un asunto políticamente delicado que incluye la propuesta de crear para las indocumentadas y los indocumentados un camino hacia la ciudadanía.
El número total de personas sin documentos aumentó espectacularmente en los últimos dos decenios, pero se mantuvo invariable o decreció en los últimos dos años debido a la recesión, además de las deportaciones y la mayor represión durante la presidencia de George W. Bush.
Unos 7 millones de personas indocumentadas (el 59 por ciento), provienen de México. Otras regiones incluyen Asia (11 por ciento), Centroamérica (11 por ciento), Sudáfrica (7 por ciento), el Caribe (4 por ciento) y el Medio Oriente (2 por ciento). Sus hijas e hijos ocupan una posición precaria en Estados Unidos.
Por un lado, la Corte Suprema falló en 1982 que todas las niñas y los niños, tuvieran o no ciudadanía, tenían derecho a la educación pública. California y algunos estados más les dan algunas facilidades para la matrícula universitaria. Estas niñas o niños pueden solicitar la documentación migratoria para sus madres y padres después de cumplir los 21 años.
El análisis de Pew se basa en datos del censo hasta marzo de 2008. Puesto que la oficina del censo no pregunta a las y los encuestados sobre su estatus migratorio, el cálculo de personas sin documentos se obtiene principalmente al restar la población inmigrante legal del total de la población extranjera.
En tanto, la semana pasada, el presidente estadounidense, Barack Obama habló de reforma migratoria y hoy, el New York Times lo felicita por ese paso en su editorial: de cumplir su promesa de arreglar este sistema dañado, aun y cuando el costo signifique tocar el tema más controversial: la legalización, que enloquece a los derechistas republicanos e infunde el temor en muchos políticos demócratas".
Así, el tema migratorio en esta nueva administración se enciende y con ello reaparece nuevamente la organización de las personas con papeles y sin papeles, quienes se aprestan a marchar este Primero de Mayo por las principales calles de las ciudades más importantes de esta nación, informa Radio Bilingüe.

miércoles, 8 de abril de 2009

Torturaron a Gladys Monterroso, esposa de Ombudsman guatemalteco

* Posible represalia por Informe “El derecho a saber”

De la redacción
México DF CIMAC

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, calificó como alarmante el secuestro y la tortura contra Gladys Monterroso Velásquez, esposa del Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales Alvarado.
Debido a la gravedad de la situación, el Ombudsman de la Ciudad de México fue invitado el pasado 27 de marzo a una reunión urgente a la ciudad de Guatemala, donde se llevó a cabo un encuentro del Consejo de Procuradores Centroamericanos de Derechos Humanos.
Álvarez Icaza Longoria no descartó que esta agresión en contra de Gladys Monterroso Velásquez esté vinculado con el informe que presentó el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales Alvarado, denominado “El derecho a saber”.
Este material recupera un archivo histórico de la policía nacional y del ejército, con información de los desaparecidos durante el conflicto armado interno y documenta la violación de los derechos humanos durante ese período.

Cejil y GAM piden esclarecer secuestro de Gladys Monterroso

* Esposa de Procurador de DH de Guatemala

Heysel Escamilla Alcántara
México, DF, (CIMAC)

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) exigieron al gobierno de Guatemala esclarecer las razones por las que Gladys Monterroso, la esposa Sergio Morales Alvarado, procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, fue víctima de diversas vejaciones físicas y psicológicas.
La connotada abogada y notaria fue secuestrada a las siete de la mañana y mantenida en cautiverio durante trece horas el pasado miércoles 25 de marzo, tiempo en que fue interrogada y quemada con cigarrillo en diversas partes del cuerpo. En ese tiempo no se pidió dinero como rescate, los secuestradores enviaron con ella diversos mensajes para el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.
Sólo once horas antes del secuestro, el Ombudsman de Guatemala y esposo de la víctima, Sergio Morales Alvarado, había entregado públicamente el primer informe de los resultados obtenidos en los archivos de la Policía Nacional, el cual señala la participación de agentes del Estado en asesinatos y abusos en el conflicto armado en Guatemala.

lunes, 6 de abril de 2009

Piden a Gobierno de Canadá declarar non grato a Francisco Barrio

* Se manifiestan organizaciones civiles frente a embajadas en Montreal y Ottawa

De la redacción (CIMAC)
México DF, 3 abril 09

Al mediodía de hoy frente a las embajadas de México en Montreal y Ottawa, Canadá, organizaciones civiles canadienses, entre ellas el Comité de solidaridad con las mujeres de Ciudad Juárez, el Comité por los derechos humanos en América Latina y la Federación de Mujeres de Quebec, realizaron una manifestación para declarar persona non grata al recién nombrado embajador de México en Canadá, Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, entidad reconocida internacionalmente por el feminicidio.
Barrio Terrazas -propuesto como embajador por Felipe Calderón en enero de este año- nada hizo durante su gestión como presidente municipal de Ciudad Juárez (1983) y como Gobernador de la entidad (1992-1998) por detener el asesinato de mujeres y con su acción violó los derechos humanos de las mujeres, señala el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México en un comunicado.
En sus declaraciones, dice el Observatorio, señaló que era normal el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y que las víctimas frecuentaban lugares de "mala muerte" y debido a la ropa que vestían esto las hacia víctimas de su asesinato. Por eso, las organizaciones presentes en ambas manifestaciones demandaron al gobierno de Canadá que, conforme a las obligaciones internacionales signadas por el gobierno canadiense, ejerza su obligación de vigilar la preocupante situación de los derechos humanos en México y revise meticulosamente la historia de Francisco Barrio Terrazas, con el fin de declararlo persona non grata, por su equivocada actuación frente a los asesinatos de mujeres, contrarios a los valores canadienses expuestos en la Carta de derechos y libertades de Canadá, que aseguran la protección todas las personas, sin importar su sexo.
Piden también sugerir al gobierno mexicano para que realice las reformas necesarias con el fin de reformar aspectos de su sistema judicial y demandan también al gobierno canadiense siga con su tradición de defensa de los derechos humanos e invite al gobierno de México a retomar los casos de las víctimas y a evitar la impunidad en Ciudad Juárez, de manera que asegure la protección de las mujeres víctimas de violencia en el país. Invitan también al pueblo canadiense y a las organizaciones de mujeres que apoyen sus demandas y se solidarice con las familias de las víctimas.
Nosotros, señalan las OSC en su texto de demandas, apoyamos a los grupos de mujeres mexicanas y a las organizaciones que defienden sus derechos, en sus demandas al Gobierno mexicano para: retirar a Barrio Terrazas de sus funciones como embajador de México en Canadá. También para que se respeten los diferentes tratados internacionales signados y ratificados por México, como la Convención de la ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación contar las mujeres y la Convención Interamericana de Belem do para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y poner también fin a la impunidad que prevalece en el aparato judicial y las fuerzas de la seguridad, proteger la integridad de las y los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas.