lunes, 22 de febrero de 2010

Piden a IFE vigilar que se cumplan leyes de cuotas de género

* Iniciativa que busca fortalecer participación política femenina

Gladis Torres Ruiz CIMAC
México, DF, 22 feb 10

Políticas de diversos partidos, exigieron al Instituto Federal Electoral (IFE) que vigile que en los comicios que se llevarán a cabo este año en 15 estados del país, los partidos cumplan con la ley para que las mujeres accedan a las candidaturas a cargos de elección popular, y que apliquen el 2 por ciento de financiamiento que establece la ley para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político femenino.
Durante una reunión con el consejero presidente de dicho Instituto, Leonardo Antonio Valdés Zurita, la feminista Patricia Mercado Castro, ex candidata a la presidencia, señaló que si bien es cierto que los estados que realizarán elecciones tienen leyes de cuotas de género, también tienen un candado, es decir que las candidaturas de mayoría relativa (MR) son resultado de un proceso de "elección democrática".
En dicho caso, los partidos pueden no cumplir la cuota de mujeres como candidatas, ya que las candidaturas resultan de una elección interna.
Mercado Castro, precisó que si a nivel federal, la participación política de las mujeres se ve con problemas, en los estados la situación es más grave ya que las mujeres constituyen una fuerza pequeña, a lo que se le suman leyes muy débiles, entre otros factores que constituyen un círculo perverso que no les permite avanzar en esta materia.
Por su parte Clara Scherer, especialista en estudios de género; solicitó al IFE vigilar que los partidos políticos destinen el 2 por ciento del financiamiento público ordinario a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Ello, tal y como lo establece el artículo 78 fracción V del Cofipe a fin de que la paridad de género sea una noción elemental de la democracia.
La política aprovechó para preguntar qué fue lo que pasó en este punto en las elecciones del 2009. En respuesta, Valdés Zurita, dijo que todos los institutos políticos comprobaron de "manera formal" haber ejercido este dos por ciento de presupuesto en lo señalado. El único instituto que no realizó el gasto fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que tenía asignado para este fin 8.4 millones de pesos, mientras que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reportó haber ejercido más del 2 por ciento establecido.
Al respecto Clara Scherer y Margarita Dalton, académica y feminista, precisaron que si bien los partidos ejercieron el gasto ahora falta revisar detalladamente de que manera lo hicieron, si fue en conferencias, foros, talleres y si está rindiendo frutos. "Esto se hace evidente en casos como el de las 13 legisladoras que pidieron licencia en la Cámara de Diputados para ceder su lugar a hombres, si las mujeres acceden a realizar este tipo de acciones quiere decir que los recursos no sirvieron o no se aplicaron como debieron", subrayó Clara Scherer.
Alejandra Latapí ex consejera del IFE, abundó que uno de los alegatos de los partidos políticos era que no postulaban a las mujeres por que no estaban "capacitadas", bueno ahora que lo están qué los detiene, cuestionó. Ante este panorama las mujeres solicitaron al IFE, trabajar ampliamente en los estados, tanto con los partidos políticos, como con los institutos electores estatales, para que se respeten las cuotas de género y se creen agendas mínimas. Es decir replicar en los estados, los mecanismos que se han aplicado a nivel federal para el avance de las mujeres en esta materia, uno de ellos puede ser el "Compromiso por las Mujeres de México", y la "Agenda Básica de Género".
Con estos acuerdos, los partidos se comprometieron para las elecciones de 2009, a respetar la cuota de género y otorgar por lo menos el 40 por ciento de candidaturas a mujeres y a que sus candidatas y candidatos adopten una agenda con puntos básicos como: Salud, educación, trabajo; combate a la violencia de género por mencionar algunos, indicaron.
De igual manera, las participantes de esta diligencia entregaron al consejero presidente un documento donde exigen entre otras cosas la reestructuración de las instituciones públicas estableciendo en la Constitución la paridad.
En opinión de Alejandra Latapí con la adopción de esta medida, también se logra cumplir con los compromisos internacionales signados por México, que "obligan a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación y las barreras de entrada contra las mujeres en la vida política y pública del país".
Las políticas que acudieron hoy al IFE forman parte de una iniciativa que busca fortalecer redes y propuestas que apoyen la participación política femenina en el país. Hace una semana acudieron al Senado de la República para presentar una propuesta de Reforma que incluya y garantice los derechos políticos, y ciudadanos de las mexicanas además de que buscarán reunirse con quienes dirigen los partidos políticos del país para exponerles su postura.
En dicha iniciativa participan las ex diputadas federales Elsa Conde, Martha Tagle y Ruth Zavaleta; la diputada federal Teresa Inchaustegui; la ex gobernadora del Distrito Federal Rosario Robles.
También Patricia Olamendi Torres, Asesora de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Margarita Guillé, directora de la Red Nacional de Refugios y Pola Peña; consultora en género, integrante del Consejo Consultivo y Junta de Gobierno del Inmujeres.

Retoma Prodh defensa de Alberta Alcántara y Teresa González

*Preparan nuevas acciones para devolverles la libertad

Paulina Rivas Ayala, enviada CIMAC
Querétaro, Querétaro, 22 feb 10

Un equipo de abogadas y abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Dacian, retomarán la defensa de Alberta Alcántara Juan, y Teresa Gonzáles Cornelio.
Luego de que se anunció hoy aquí la sentencia de 21 años de prisión para las indígenas otomíes, así como una multa de 91 mil pesos, y 70 mil más para el pago de la "reparación del daño para los agentes Afis, presuntamente "secuestrados" por ellas, los abogados manifestaron que ya trabajan en las nuevas acciones para devolverles la libertad a Alberta, Teresa y su hija Jazmin.
Una vez que se conoció la nueva sentencia por el mismo juez de distrito, integrantes de la sociedad civil rechazaron la sentencia frente al palacio de gobierno. Con pancartas en las que se leía "ser mujer, pobre o indígena no es un delito" y "ahora todos somos Alberta y Teresa", familiares de las mujeres presas desde hace 3 años, levantaron sus voces tras unas rejas falsas.
Acompañados por integrantes de la organización Amnistía Internacional (AI), el Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, demandaron la libertad de Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestro contra Agentes federales de Investigación en 2006.
Pedro Alcántara, padre de Alberta informó a Cimacnoticias que él y su esposa Amalia Juan, se entrevistaron hoy con el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa para solicitar su apoyo. Para la señora Amalia Juan, madre de Alberta y suegra de Teresa, "no es justo que sus hijas estén ahí" porque no hicieron nada y tampoco su nieta Jazmín, quien nació en el penal.
"Para nosotros es difícil tenerlas presas siendo inocentes, y por falta de recursos no podemos ir a verlas muy seguido". Después de la manifestación, el abogado Leopoldo Maldonado Gutiérrez del (Prodh), el director ejecutivo de AI, Alberto Herrera Aragón y Bernardo Romero, integrante del centro Fray Jacobo Daciano precisaron en rueda de prensa que la sentencia se dictó el viernes pasado y a las tres de la madrugada del sábado se les notificó a las acusadas.
La notificación se las dio un actuario del Juzgado Cuarto de Distrito, indicó Maldonado Gutiérrez quien hoy por la mañana asistió al tribunal, en donde el juez Rodolfo Pedraza Longi, condenó nuevamente a ambas mujeres a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y esta vez le agregó 70 mil pesos para reparar el daño a los AFI.
Maldonado Gutiérrez recordó que esta nueva condena obedece a la reposición del proceso penal que ordenó el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito Hans Eduardo Muñoz López en enero de 2009 después de constatar irregularidades y contradicciones de los AFI en el desahogo del primer juicio, en donde la sentencia sólo fue de 21 años y 91 mil pesos de multa.
UNA VENGANZA, LA REPOSICIÓN DEL PROCESO
Con todo y las anomalías del caso y con la posibilidad de dictar una nueva sentencia, el juez negó la "oportunidad de restituir los derechos de Alberta y Teresa y devolverles su libertad", en cambio, la noche del 19 de febrero pasado "decidió convalidar las irregularidades existentes en la acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó Maldonado Gutiérrez.
Pedraza Longi resolvió una nueva condena "que pretende revestir de legalidad la burda fabricación de un delito tan grave como el secuestro", indicó Leopoldo Maldonado. Esto ocurrió tan sólo 12 días hábiles después de la audiencia de vista en la que las acusadas conocieron por primera vez al juez que las condenó y en donde la PGR sostuvo su postura acusatoria contra ellas.

sábado, 20 de febrero de 2010

Sobresaliente el papel de las mujeres en campamentos haitianos

* Recorrido por Léogane con una brigada médica

Sofía Yañez * CIMAC
Léogane, Haití, 19 febrero
A poco más de un mes del sismo que sacudió a Haití, las deplorables condiciones de vida que padecen los habitantes de Léogâne, no dejan duda de que las carencias aquí, vienen desde mucho antes del 12 de enero. Todo lo que se ha dicho o escrito, se queda corto ante la impresionante realidad.
En el recorrido de la organización Pan y Rosas, con una brigada médica por comunidades como la de Petit Rivière, se observa que la mayoría de la población son mujeres, quienes acuden a la consulta por problemas de infecciones vaginales, mientras que sus hijos asisten por problemas gastrointestinales, debido a la mala calidad del agua y a la contaminación ambiental.
En dicha comunidad, hay varios campamentos que se consideran "chicos", en ellos se reúnen unas 60 familias, organizadas por sus propios integrantes, porque la ayuda oficial aún no llega, cabe mencionar que el rol de la mujer frente al campamento es sobresaliente.
Joseph y Guetty, dirigentes locales pertenecientes a la organización Groupe
Ecologique pour le Developement Durable en Haití (GEDDH), hablaron del descontento que existe con el gobierno por la falta de apoyo, ya que no hay escuelas ni hospitales, no obstante, las niñas y niños que estudian tardan cuatro horas en llegar al plantel.
En otra brigada, dirigida a tres orfelinatos para el reparto de pañales y alimento para bebés, se constató que aunque la ayuda casi no ha llegado y las necesidades son muchas, la distribución es absolutamente ordenada, ya que la garantiza la propia comunidad.
Los voluntarios participantes en esta acción aseguraron que decidieron hacer las entregas sin militares pues "espantan a la población con sus armas y sus tanques". Ello, sin duda, evidentemente muestra que, los supuestos disturbios en las entregas de ayuda sólo son provocados por la presencia militar.
En todas partes se ve la miseria acompañada de la destrucción que provocó el sismo. Gente que vive, literalmente, en la calle, improvisando viviendas en los lugares más insalubres; también un mercado que se instala temporalmente en un predio que, al parecer, albergaba un basurero, se ha convertido en uno de los pocos sitios donde la población se puede abastecer de comida y, al mismo tiempo, también sirve como un hogar para mujeres embarazadas.
DESCONTENTO CON LA PRESENCIA MILITAR
Toda la ciudad de Puerto Príncipe está descuidada, así entre la basura, escombros y el llamado "olor a muerto", la ciudad se mueve y desplaza como si fuera posible la "normalidad".
Los campamentos más grandes se ubican en Puerto Príncipe y son también los más custodiados por los militares, pues según se dice, más de un millón de personas viven en carpas en todo Haití, en calles y parques. En está ciudad, casi no hay comercios, la mayoría están derrumbados y los pocos que se mantienen estuvieron cerrados por los días de duelo.
En muros semiderrumbados hay pintadas electorales y de protesta, pero las y los haitianos dicen que estaban ahí desde antes del sismo, muchas contra Aristide y algunas contra Preval.
El constante paso de camiones, jeeps y tanques militares complementan el panorama que pareciera de posguerra. En las calles, hasta los soldados que organizan el tránsito se encuentran armados, muchos de ellos sin quitar el dedo del gatillo.
Al cumplirse un mes del sismo, no hay reporte aún de manifestaciones, sin embargo, el descontento con la presencia militar es generalizado.
Esto es, sin duda, lo que motiva las exageradas acciones de control por parte del gobierno y ejércitos extranjeros, situación que en los próximos días podría generar nuevos estallidos sociales de un pueblo que históricamente se ha caracterizado por la lucha inclaudicable de sus derechos.
* Periodista mexicana, enviada especial de la agrupación de mujeres Pan y Rosas

miércoles, 10 de febrero de 2010

Piden trabajo digno para las y los jóvenes en América Latina

* Llamado de la OIT a los gobiernos

Cirenia Celestino CIMAC
México, DF, 10 feb 10

Con el fin de ayudar a los jóvenes latinoamericanos a recuperase de la crisis económica, la Organización internacional del Trabajo (OIT) hizo un llamado a elaborar y aplicar estrategias que les proporcionen un trabajo digno y productivo, como parte de las metas de los países miembros de las Naciones Unidas para este milenio.
En su informe sobre Trabajo Decente y Juventud en América Latina, publicado en febrero de 2010, el organismo, con oficina regional para América Latina y el Caribe en Lima, Perú, dio a conocer los efectos de la crisis en la situación laboral de los 104 millones de jóvenes que en épocas de crisis, son los primeros en sufrir los efectos contrarios y los últimos en integrarse a la recuperación.
La reciente crisis impactó la situación laboral, ahora se contrata menos. Además, un joven que inicia su trayectoria laboral prematuramente, probablemente no ha completado una educación suficiente y por tanto trabajará a cambio de una escasa remuneración y con pocas expectativas de progreso, advierte el informe.
Según las encuestas de hogares del 2008, reveladas por la OIT, en América Latina, el 34 por ciento de jóvenes son estudiantes de tiempo completo, de quienes se debe evitar su deserción, y el trabajo no debería ser un obstáculo para que los jóvenes completen su formación.
En las familias de bajos ingresos, donde la disponibilidad monetaria es indispensable para alimentarse, el trabajo se vuelve una necesidad urgente, independientemente de las intenciones de proseguir estudios, reveló el estudio.
DESEMPLEO EN LATINOAMÉRICA
Según este informe, el desempleo va de la mano en países con elevada población en las áreas rurales y fuerte componente agrícola, en donde no existen muchas posibilidades de buscar trabajo asalariado.
Algunas causas del desempleo juvenil es que son los más fáciles de despedir y los más difíciles de contratar, pues los empleadores prefieren contratar adultos con mayores responsabilidades familiares. Los jóvenes son empleados en su mayoría a un plazo determinado y sin garantías de permanencia.
En 2008 más de la mitad de los asalariados jóvenes (51.9 por ciento) no tenían contrato de trabajo y el 34.0 por ciento tenían contratos temporales. Las encuestas de hogares para Latinoamérica retomadas en este informe, muestran que el desempleo juvenil total (urbano y rural en 2008) llega a 13.4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) frente al 4.5 por ciento de los adultos, casi el triple.
Esto es alrededor del 20 por ciento en los casos de Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En Chile, Ecuador y México, el desempleo se ha incrementado tres puntos de 2008 a 2009, cabe mencionar que cada punto porcentual equivale a medio millón adicional de jóvenes en búsqueda de trabajo.
La base del Empleo Juvenil, muestra que en el año 2008 había 44.3 millones de jóvenes (47 por ciento del total) estudiando, y de ellos, 12.6 millones (13 por ciento) además de estudiar, trabajaban y 6 millones de jóvenes no trabajan, no estudian, no están buscando empleo y son jóvenes urbanos.
De los jóvenes empleados, solamente 35.1 por ciento de los ocupados (15 de 43.2 millones) tienen seguro de salud y 32 por ciento está en algún sistema de pensiones. De los asalariados (24.2 millones), solamente 14 por ciento (3.4) tienen un contrato de trabajo estable, es decir, que según el mismo informe, el empleo estable se vuelve un privilegio.
La última edición del Panorama Laboral de la Oficina Regional de OIT, 2009, muestra que en Brasil, el desempleo, llegaba al 28.9 por ciento, para el tramo 15-17 años; en Chile la tasa de desempleo para el tramo de 15-19 años es de 30.3 por ciento. En Colombia esta tasa es de 24.1 por ciento para las edades 14-26 años, para el Ecuador 17.5 por ciento para las edades 15-24 años. Y en México, para los 14-24 años la tasa de desempleo es ahora 10.3 (y fue 5.3 por ciento en el año 2000).
ACCIONES CONTRA EL DESEMPLEO
La OIT, conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), ha tomado acciones concretas para combatir la crisis. Destaca el Pacto Mundial para el Empleo adoptado en 2009 en la 98ª Conferencia Internacional del Trabajo, pacto que recalca la necesidad de recuperar y crear empleos con el respaldo de las empresas.
El Pacto Mundial para el Empleo es un compromiso internacional que promueve el trabajo productivo, decente y digno, y resalta el respeto de los derechos laborales, la igualdad de género y en la participación de los jóvenes.
En este marco, todos los países han adoptado medidas salariales, como estímulos fiscales a la contratación (Argentina, Chile, México, Nicaragua, Panamá), educativos y de capacitación y reconversión laboral (Costa Rica, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) y a los programas de transferencias condicionadas, presentes en la mayoría de los países de la Región.
Varios países han elaborado y están por aprobar Planes de Acción Nacional en Empleo Juvenil (PAN) y Organismos Oficiales de Juventud. LA OIT recalca la importancia de redes nacionales e internacionales, además del trabajo conjunto de los Ministerios o Secretarías de Trabajo y los Organismos Oficiales de Juventud.
El informe de la OIT recomienda promover dentro del marco legal la contratación de jóvenes, políticas de educación y empleo que involucren a los jóvenes como actores de su propio desarrollo.

Desnaturaliza relación médico-paciente quien denuncia abortos

* El secreto médico, un derecho a la dignidad humana: Martín Hevia

Anayeli García CIMAC
México, DF, 10 feb 10
Obligar a los médicos a denunciar a una mujer que interrumpe un embarazo, no es una medida idónea ni para proteger al "concebido" ni para resolver el problema que los abortos clandestinos generan a la salud de las mujeres, consideró hoy Martín Hevia, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina.
Al participar en la primera sesión del taller "Derechos Sexuales y Reproductivos", que se inició en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), el experto habló sobre el secreto profesional médico y los Derechos Reproductivos en América Latina.
Explicó que el secreto profesional tiene que ver con la seguridad que debe tener una mujer de poder acudir al médico cuando se ha realizado un aborto clandestino, y que el tema se quede entre el médico y la paciente.
El especialista en Filosofía y Derecho, aseguró que los médicos cumplen un papel importante en la defensa del derecho a la vida y a la salud, un valor supremo que el Estado debe garantizar, y en ese sentido, dijo que la profesión médica debe contemplar las herramientas necesarias para enfrentar importantes problemas de salud pública, como el aborto clandestino.
Cabe recordar que el Fondo de Población de Naciones Unidas, estima que cada año se realizan en todo el mundo, alrededor de 19 millones de abortos en condiciones inaceptables desde el punto de vista médico. De ese total, unos cuatro millones se realizan en América Latina, y muchos de ellos terminan en lesiones graves o la muerte de la madre.
Añadió que alrededor de 68 mil mujeres mueren cada año por esta causa en el mundo, y uno de cada 10 embarazos termina en un aborto realizado en malas condiciones, la mayoría de los cuales se practican en Asia, África y América Latina.
Martín Hevia dijo que "no se puede poner a los médicos en una situación que no les corresponde" al hablar de que en algunas regiones las y los médicos son obligados a denunciar a las mujeres que interrumpen de forma ilegal su embarazo, pues "esto desnaturaliza la relación entre medico y paciente".
Recordó que los Convenios de Ginebra de 1949, señalan que el personal médico no puede imponer condiciones para atender a sus pacientes, es su obligación tratarles en cualquier circunstancia, pues desempeñan una actividad considerada crucialmente útil. Para el experto en derecho, existe un fundamento ético y utilitarista que protege el secreto médico, debido a que la autonomía personal, dignidad humana y derecho a la intimidad, son bienes que se deben proteger, explicó el especialista.
El derecho a guardar silencio ayuda a que no revele algo que la o el interesado no desea hacer público. En este sentido, señaló que en Argentina es un delito penal violar el secreto profesional; mientras que, en Perú el médico tiene el deber de colaborar con la justicia.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se manifestó al respecto en el caso "De la Cruz Flores" donde se acusó a María Teresa de la Cruz Flores, por ejercer su profesión, curar y brindar atención médica a delincuentes terroristas.
En este caso, el fallo de la sentencia de la corte señaló que el hecho de curar no es un delito, al menos no en una democracia liberal. La sesión de este día, convocó a especialistas en derechos sexuales y reproductivos, derecho penal y representantes de diferentes organismos, a que estén capacitados para hablar sobre la salud y las políticas públicas.

viernes, 5 de febrero de 2010

Una mujer podría gobernar Costa Rica

* Laura Chinchilla, fuerte candidata para comicios del domingo

Anayeli García Martínez
México, DF, 05 feb 10 (CIMAC)

La candidata oficialista a la presidencia de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda, es una fuerte contendiente para los comicios, a celebrarse el próximo domingo 7 de febrero, y de llegar a la presidencia, sería la primera vez en la historia del país centroamericano que una mujer ocupara ese cargo.
De acuerdo con información del Tribunal Supremo de Elecciones costarricense, de los nueve candidatos, dos son mujeres, Mayra Gonzáles por el Partido Renovación Costarricense y la mejor ubicada en las encuestas, Laura Chinchilla por el Partido Liberación Nacional (PLN) que cuenta con un apoyo superior al 40 por ciento de los votos.
Hasta ahora, la contienda se centra entre ella y sus dos principales rivales: Otto Guevara por el Partido Movimiento Libertario (ML) y Ottón Solís por el Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes en la última encuesta publicada registraron un empate. De triunfar, la candidata por el PLN no sólo garantizaría la continuidad del gobierno dirigido por el presidente Óscar Arias Sánchez y su hermano Rodrigo Arias Sánchez, quien actualmente es ministro de la Presidencia; Costa Rica también se incluiría en la lista de países latinoamericanos que han tenido una mujer presidenta como Chile, Argentina, Nicaragua y Panamá.
A pesar de ello, la candidata pocas veces ha utilizado el tema de género en su campaña. Sin embargo calificó de "machista" la campaña que la tacha de marioneta de los hermanos Arias, y dejó en claro que una mujer no sólo puede acceder a puestos de poder sirviendo a los intereses de otros, sino también por su propio mérito.
TRAYECTORIA
Política de formación, Chinchilla Miranda asumió en 1994 el cargo de viceministra de Seguridad Pública, posteriormente fue ascendida a ministra del Despacho, con lo que fue la primera mujer en ese país que ocupó tal cargo. Durante su gestión en Seguridad Pública, se realizaron los mayores decomisos de droga en la historia hasta aquel momento; se modernizó la carrera policial; se incorporaron activamente las mujeres en la policía y se estableció el programa de Seguridad Comunitaria, destaca su biografía en línea.
En las elecciones nacionales del año 2002, fue elegida diputada del Congreso de la República, gestión en la que puso especial empeño en la legislación destinada a reducir la pobreza, ampliar la inversión social, acabar la violencia contra las mujeres y avanzar en el camino de la igualdad y la equidad de género.
En 2006 ocupó el cargo de primera vicepresidenta de la República del gobierno de Oscar Arias y simultáneamente desempeñó el cargo de Ministra de Justicia. Finalmente en noviembre del 2008, se postula a la candidatura a la Presidencia de la República y en octubre del mismo año se convirtió en la candidata presidencial para el período 2010-2014.

Pese a Ley, continúa la violencia contra mujeres en todo el país

* A tres años de su publicación no se ha cumplido a cabalidad

Gladis Torres Ruiz
México, DF, 5 feb 10 (CIMAC)

A tres años de que entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), el balance es negativo, ha tenido un camino entorpecido desde el retraso en la publicación de su reglamento hasta el incumplimiento de sus artículos transitorios, afirmó una de sus principales impulsoras, Marcela Lagarde y de los Ríos.
En entrevista con Cimacnoticias, la ex legisladora federal durante la LIX legislatura y una de las creadoras de la Ley, enfatizó la falta de voluntad política en todos los niveles para cumplir la Ley. La feminista acusó que la norma -que es única en su tipo porque tiene como esencia el reconocimiento de los derechos de las mujeres- "se ha cumplido" con una cabalidad relativa" porque hay una dilación permanente del Estado para actuar con prioridad en los temas de las mujeres".
Cabe recordar que La Ley General entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento fue publicado un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación.
DE LA ARMONIZACIÓN
La Ley , que no es punitiva sino un marco general que establece los lineamientos para que cada entidad federativa armonice sus legislaciones para sancionar la violencia contra las mujeres, no ha sido aplicada del todo. Lo anterior, obedece en opinión de Lagarde, a las resistencias y a la poca comprensión de la norma "no se entendió de qué se trataba", y el resultado es que hay leyes estatales que no corresponden plenamente con la Ley General", sostuvo.
Por ello y ante la tardanza de los estados para hacer sus leyes, la Red Nacional de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, diseñó una Ley tipo para que pudiera ser utilizada por todos los estados".
Según información del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 32 entidades federativas cuentan con su respectiva Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de ellos sólo 17 tienen reglamento y 25 tienen el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
SIN CUMPLIRSE TRANSITORIOS DE LEY
La académica precisó que en lo que se refiere a los artículos transitorios de la Ley, que incluyen la creación de un Diagnóstico Nacional y un Banco Nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, tampoco se han cumplido.
Lagarde dijo que como Red de Investigadoras han presionado y exigido que se cumplan todos los transitorios de la Ley, en particular estos dos en los que "no vemos ningún avance" insistió. Otros de los transitorios sin cumplir tienen que ver con la derogación de todos los preceptos jurídicos que atenten contra los derechos de las mujeres en el país, "eso tampoco lo han realizado en los congresos de las entidades, y tampoco en el Código penal federal", precisó.
Explicó que lo que mandata la Ley es reformar los Códigos civiles y penales para que los tipos y modalidades de violencia que plantea la Ley General puedan ser delitos en el país, pero como no se ha hecho la violencia continúa sin ser delito.
Cabe recordar que los tipos de violencia plasmados en la Ley General son: violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o la libertad de las mujeres. Y las modalidades de violencia son: familiar, laboral o docente, en la comunidad, institucional y feminicida.
TENEMOS LEY, PERO LA VIOLENCIA CONTINÚA
Para la ex legisladora no solo se trata de que los funcionarios y las autoridades incumplan con los mandatos de la Ley, sino que se oponen a los derechos de las mujeres. "Los resultados ahí están, la violencia contra las mujeres sigue, la explotación económica y sexual, el problema de la trata de mujeres niñas y niños es gravísimo, así como la pérdida de condiciones materiales de vida de las mujeres", dijo.
Por ello señaló que desde la Red de investigadoras han promovido otras leyes además de la Ley General, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Llama AI a revocar Ley en Nicaragua que penaliza el aborto

* Gira en México de AI "Por la Vida y la Salud de las Mujeres"

Guadalupe Cruz Jaimes
México DF, 5 feb. 10 (CIMAC)

A tres días de que la Organización de Naciones Unidas (ONU) analice la situación de los derechos humanos en Nicaragua en su Examen Periódico Universal, Amnistía Internacional (AI) llamó hoy a este organismo para que pida al país centroamericano la revocación de la ley, que desde 2008 penaliza el aborto en cualquier circunstancia.
En comunicado de prensa, AI refirió la importancia de que la ONU, solicite la invalidez de este mandato establecido en el Código Penal de Nicaragua, porque viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas. El Código en Nicaragua prevé penas de prisión para las mujeres y niñas que intenten abortar, así como para las y los profesionales de la salud que presten sus servicios para llevar a cabo esta práctica.
La prohibición del aborto, que entró en vigor en julio de 2008, incluye los casos en los que está en riesgo la vida de la madre y aún cuando el embarazo es consecuencia de una violación o de incesto. Los investigadores de AI consideran que la prohibición absoluta del aborto en Nicaragua afecta sobre todo a las mujeres jóvenes que fueron violadas sexualmente, y las víctimas de incesto.
Según el informe, "El estado de los derechos humanos en el mundo 2009" de AI, durante los primeros tres meses de 2008, el 30 por ciento de las denuncias presentadas ante la policía se debieron a actos de violencia sexual, la mayoría de las víctimas tenían 18 años o eran menores de edad, y en "muchos" casos los abusos permanecieron ocultos por varios años.
En un comunicado de prensa, la organización señala que desde la puesta en marcha esta medida, se registró un aumento en el número de muertes maternas en ese país. Este hecho, tiene relación con el Código Penal nicaragüense que también sanciona penalmente al personal médico y de enfermería que traten a una mujer embarazada por enfermedades como el cáncer o emergencias cardiacas, cuando el tratamiento pueda causar lesiones o la muerte del embrión o el feto, criticó AI.
Ante este panorama, en su informe 2009, AI señala que en octubre y noviembre de 2008, respectivamente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendaron al gobierno nicaragüense que reformase la legislación sobre el aborto, sin que las autoridades del país centroamericano atendieran la petición.
Cabe mencionar, que además de la solicitud de los organismos internacionales, las activistas nicaragüenses protestaron por la prohibición y exigieron al gobierno de ese país, encabezado por Daniel Ortega Saavedra, quien lejos de dialogar con las defensoras de derechos humanos, optó por reprimirlas, señala el documento de AI.
En 2008, precisa el informe, "persistía el peligro de que se procesara a nueve defensoras de los derechos humanos. Se las acusaba de instigación y encubrimiento de actos delictivos, al parecer por su labor en defensa de los derechos humanos y sus actividades sobre el derecho de las mujeres a disfrutar de servicios de salud sexual y reproductiva seguros y efectivos".
POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES
El llamado que realizó esta organización, considerada la más "grande" de derechos humanos en el mundo, forma parte de una serie de actos que se llevan a cabo mediante su campaña global "exige dignidad". El derecho a la salud es uno de los temas de los que se ocupa la campaña.
En esta materia, AI realiza giras de sensibilización en distintos países, entre ellos está México, donde las activistas se unieron a la gira de la organización sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En México, las activistas visitarán los 17 de los 32 estados de la República, en los que de octubre de 2008 a la fecha, fueron modificadas las legislaciones locales con el propósito de penalizar el aborto, informó a Cimacnoticias Martha Juárez, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario. Bajo el lema de "Por la Vida y la Salud de las Mujeres" la gira iniciará el próximo sábado en los estados de Chiapas y Puebla con la participación de activistas de la organización así como de organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos, menciona el comunicado de prensa de AI.